Xalapa, Ver, a 3 de agosto de 2017

Boletín de prensa

La alerta de violencia de género por agravio comparado es un recurso legal que tenemos las mujeres veracruzanas para exigir que se analicen y atiendan las problemáticas derivadas de una legislación que limita y restringe el acceso a nuestros derechos, lo cual impacta de manera negativa nuestro acceso a la salud, a la justicia y a una vida libre de violencia.

El estudio hecho a partir de la admisión de nuestra solicitud, nos da cuenta de las problemáticas a las que nos enfrentamos:

• Del 1o de enero de 2015 al 31 de mayo de 2016, en Veracruz hubo 752 casos de violencia sexual denunciados (BED). De acuerdo al INEGI, sólo se denuncian 8.9 por cierto de los delitos, por lo tanto estimamos que en el periodo antes mencionado, más de 8400 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, es decir, hubo 114 cada semana.

• En Veracruz la maternidad en mujeres menores de 15 años es 5.3 veces mayor que el promedio nacional; aunque en los últimos cinco años esta razón ha bajado a 4.7 veces, lo que no deja de ser una cifra de importante consideración (Conavim)

• Entre 2010 y 2014, la mortalidad materna por aborto a nivel estatal se presentó principalmente en las mujeres de 20 a 29 años, con 15 casos de un total de 27. En el último año registrado, 80 mujeres fallecieron en el país a causa de complicaciones por abortos peligrosos, de las cuales seis ocurrieron en Veracruz. (Conavim)

• La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que del 1° de enero de 2015 al 30 de abril de 2016, se iniciaron quince investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado.

• Además, hemos documentado al menos 9 casos de mujeres encarceladas por homicidio, todas ellas vivían en condiciones de pobreza al momento de ser denunciadas, la mayoría son indígenas.

A cuatro meses de aceptadas las recomendaciones contenidas en el Informe de Alerta de Violencia de género para el Estado de Veracruz por Agravio Comparado, hemos dado seguimiento puntual a su cumplimiento y consideramos que el esfuerzo que se ha hecho para tener un trabajo articulado entre las instituciones responsables de su cumplimiento, lo cual ha permitido algunos avances significativos, entre ellos podemos mencionar:

En la Fiscalía General del Estado han generado espacios de análisis y vinculación con diversas dependencias para el diseño de esquemas de difusión sobre la Interrupción legal del embarazo como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho, además de material dirigido a servidores públicos sobre su atribuciones respecto a la ILE. Por otro lado se está en proceso del rediseño de los formatos para el vaciado de la información de modo que se pueda contar con información más precisa sobre las personas acusadas, o en prisión, por el delito de aborto, por homicidio en razón de parentesco y por el delito de homicidio en razón de parentesco cuando se trata de un producto nacido y es menor a 72 horas de vida.

En relación a las recomendaciones emitidas al Poder Judicial del Estado de Veracruz podemos dar cuenta que se ha iniciado el diagnóstico de casos por aborto y homicidio en razón de parentesco, así como al diseño de las capacitaciones a las y los operadores de justicia. De este punto podemos compartir se ha preliberado a una mujer indígenas tras 11 años de estar encarcelada por el delito de homicidio agravado y se ha dictado sentencia absolutoria a una mujer cuyo proceso había durado más de 4 años.

En cuanto a la Secretaría de salud se ha avanzado en el diseño del programa estatal de ILE, y se han tomado medidas clave como garantizar que en cada jurisdicción haya personal de salud no objetor de conciencia para la ILE por violación. Además de que han avanzado en el diseño de una primera capacitación en la Norma 046, dirigida al personal que atiende a usuarias víctimas de violencia sexual. Desde comunicación social se han diseñado materiales de difusión sobre la misma Norma.

Sin embargo, aún con el esfuerzo de articulación y cumplimiento que se ha hecho, una de las medidas clave no ha sido cumplida: que el titular del ejecutivo presente al Congreso la iniciativa de reforma al Artículo 149, 150 y 154 del código penal. Esta propuesta ha sido presentada por una diputada local y suscrita por 13 diputados más, sin embargo ha concluido el periodo ordinario de sesiones y fue turnada a comisiones. Ha habido partidos que se han manifestado en contra y ha habido intromisión por parte de grupos que no respetan la separación que debe haber entre la iglesia y el estado.

Además, a pesar de ha habido avances, no cuentan con el presupuesto suficiente para garantizar la implementación y sostenimiento de los servicios, más allá del plazo establecido por la Conavim.

Aún cuando hemos manifestado nuestra disposición para el monitoreo a las instituciones, de modo que se puedan avanzar en cada una de las recomendaciones, insistimos que es impostergable el cumplimiento de TODAS las recomendaciones, incluida la reforma al código penal, de otro modo, exigiremos que se decrete una segunda alerta.

Además, se debe asignar un presupuesto suficiente para la implementación y sostenimiento a largo plazo de las medidas derivadas de la Alerta. Nosotras insistimos que ese recurso público debe ser aplicado de forma transparente y adecuada para garantizar que tenga un impacto favorable en la vida de las mujeres veracruzanas; estaremos vigilando que tanto desde las instituciones como desde las organizaciones no se promueva un uso discrecional de los mismos. En caso de ser así, lo denunciaremos públicamente. De ningún modo se puede negociar con el derecho de las mujeres a la salud, a la justicia y a un a vida libre de violencia sexual.

Desde que hicimos la solicitud, hasta el seguimiento que hemos dado al trabajo institucional, nuestro objetivo ha sido la reducción de riesgos a la salud y la vida de las mujeres víctimas de violencia sexual, la prevención de injusticias como las que se han cometido contra mujeres en situación de pobreza e indígenas, lograr la libertad de aquellas que están encarceladas por haber sido juzgadas en condiciones de desventaja y sin respetar un debido proceso. Es, a fin de cuentas, un asunto de justicia social.

Atentamente

Comité Promotor por una Maternidad Segura en México

Equifonía, Colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las Mujeres AC